La Otra, Febrero 2024.-
Sería prudente para el presidente Javier Milei tomar un descanso de las redes sociales y revisar los artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional.
Estos artículos son cruciales ya que dictan las normas de un juicio político que podría terminar prematuramente su gobierno, que apenas lleva dos meses y medio.
A pesar de que parece ilógico entrar en conflictos con todos los gobernadores, eso es precisamente lo que está ocurriendo.
Es importante recordar que la mayoría de los diputados y senadores están alineados con estos gobernadores. Los artículos mencionados indican que para iniciar un juicio político contra un presidente, solo se requiere el voto afirmativo de dos tercios de los diputados presentes. Para su destitución, se necesita igualmente el voto de dos tercios de los senadores presentes.
Con una simple aritmética, encontramos que La Libertad Avanza cuenta con solo 38 diputados de 257, y 7 senadores de un total de 72. Tanto el PRO como los radicales y el bloque Hacemos, liderado por Miguel Pichetto, se mostraron dispuestos a actuar como apoyo parlamentario desde el comienzo. Sin embargo, esto habría requerido de una negociación que el presidente decidió evitar. En su lugar, optó por intentar capturar la base electoral de la "oposición amigable", buscando independizarse de ellos en el futuro. Mauricio Macri captó la señal y se manifestó su influencia en la unión total de los gobernadores de Juntos
por el Cambio con los disidentes del sur.
En lugar de pasar el viaje de regreso de Estados Unidos retuiteando insultos a los gobernadores, como hizo en el viaje de ida, sería más beneficioso para Milei analizar el artículo 60. Este artículo aclara que no se trata de un proceso penal y que para condenar al presidente basta con la voluntad política de los legisladores, sin necesidad de las pruebas requeridas en procesos judiciales. Solo se necesita un número alcanzable por los gobernadores.
En definitiva, no seamos ilusos, nadie lo promoverá públicamente cuando el nuevo gobierno aún no ha cumplido 100 días, pero ante la creciente amenaza de un colapso nacional en la
República Argentina, podría ser más aconsejable considerar un proceso de juicio político.
FUENTE: Página|12